La Economía Informal y su Relación con el Aumento de la Pobreza Alimentaria en México
El tercer trimestre de 2024 (3T2024) deja en evidencia una realidad preocupante en México: la persistencia de altos niveles de pobreza alimentaria y laboral, exacerbados por la incorporación de gran parte de la población a la economía informal. Este fenómeno, lejos de aliviar las condiciones de vida de millones de mexicanos, perpetúa la precariedad y limita sus posibilidades de cubrir las necesidades básicas. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el panorama es alarmante.
Un contexto de pobreza laboral persistente
De acuerdo con el INEGI, el 35.1% de la población mexicana se encontraba en situación de pobreza laboral en el 3T2024, lo que equivale a alrededor de 45.6 millones de personas. Si bien esta cifra representa una disminución de 2.2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, el problema estructural persiste. Este indicador refleja la incapacidad de los ingresos laborales para cubrir siquiera una canasta alimentaria básica, lo que coloca a millones de hogares en una situación crítica.
Además, el 64.6% de la población nacional no cuenta con ingresos suficientes para adquirir la suma de la canasta alimentaria y no alimentaria, dejando claro que la mayoría de los mexicanos no puede satisfacer necesidades esenciales más allá de la alimentación. Este dato subraya la magnitud del problema: 45.6 millones de personas en México no pueden adquirir ni siquiera los alimentos necesarios para subsistir.
El peso de la economía informal
En este contexto, la economía informal juega un papel crucial. Actualmente, el 54.2% de la población mayor de 15 años trabaja en condiciones informales. Este porcentaje se dispara al 72% entre los jóvenes de 15 a 24 años, quienes enfrentan un mercado laboral que les ofrece pocas alternativas formales. La economía informal, aunque permite a muchas personas encontrar algún tipo de empleo, también conlleva una serie de desventajas estructurales: bajos ingresos, falta de prestaciones sociales y ausencia de estabilidad laboral.
Uno de los aspectos más problemáticos de esta situación es que, aunque los trabajadores informales generan ingresos precarios, también están sujetos al pago de impuestos indirectos, como el IVA, que afectan proporcionalmente más a las personas con menores recursos. Este sistema fiscal termina por reducir aún más su poder adquisitivo, agravando su situación de pobreza. En otras palabras, la economía informal no solo no ofrece un camino viable para salir de la pobreza, sino que, en combinación con la carga fiscal, contribuye a perpetuarla.
Impacto en la pobreza alimentaria
El aumento de la pobreza alimentaria está directamente relacionado con la insuficiencia de ingresos de quienes laboran en la economía informal. Las familias cuyos miembros trabajan en esta modalidad enfrentan la doble carga de bajos ingresos y precios crecientes de los productos básicos, lo que reduce significativamente su capacidad para acceder a alimentos nutritivos. Esto tiene un impacto negativo no solo en su calidad de vida, sino también en su salud y desarrollo a largo plazo.
Por ejemplo, un trabajador informal promedio puede destinar una mayor proporción de su ingreso al pago de bienes básicos gravados con impuestos, dejando menos recursos para otros gastos esenciales. Así, aunque estos trabajadores están formalmente fuera de la economía regularizada, sí contribuyen al sistema fiscal, pero de una manera que reduce aún más sus posibilidades de salir de la pobreza.
Los jóvenes: un grupo especialmente vulnerable
El hecho de que el 72% de la población entre 15 y 24 años se encuentre en la economía informal es un indicador preocupante para el futuro del país. Este grupo etario debería estar formándose y desarrollándose en empleos formales que les permitan adquirir experiencia y generar estabilidad económica. Sin embargo, la realidad es que estos jóvenes, en su mayoría, están atrapados en empleos precarios que no les permiten construir un futuro sólido ni contribuir de manera significativa al desarrollo económico del país.
Impuestos a todo
La incorporación masiva de la población a la economía informal no representa una solución viable al problema de la pobreza en México. Por el contrario, perpetúa un ciclo de ingresos precarios, pobreza alimentaria y desigualdad fiscal. Para revertir esta situación, es fundamental implementar políticas públicas que fomenten la formalización del empleo y reduzcan la carga fiscal sobre las personas con menores ingresos. Algunas posibles medidas incluyen:
- Incentivos para la formalización: Crear programas que faciliten la transición de la economía informal a la formal, incluyendo subsidios temporales o reducciones fiscales para las pequeñas empresas que contraten formalmente.
- Protección social universal: Establecer un sistema de protección social que cubra a los trabajadores informales y les garantice acceso a servicios básicos como salud y educación.
- Reforma fiscal progresiva: Reducir los impuestos indirectos que afectan desproporcionadamente a las personas con menores ingresos y aumentar la progresividad en los impuestos directos.
- Programas de empleo juvenil: Diseñar políticas específicas para integrar a los jóvenes al mercado laboral formal, incluyendo capacitación y vinculación con empresas.
En síntesis, el crecimiento de la economía informal en México no solo no resuelve el problema de la pobreza, sino que lo agrava, especialmente en términos de acceso a una alimentación adecuada. Abordar este desafío requiere un enfoque integral y comprometido por parte de las autoridades y la sociedad en general.
En el pequeño porcentaje de la población en pobreza alimentaria que mejoró su situación lo hizo al mismo tiempo que el sector de la población con mayores ingresos. Paradójico, ¿no?
El impacto negativo de extender impuestos al sector informal en plataformas digitales
La expansión de impuestos al sector informal, específicamente al comercio digital y las aplicaciones de servicios, ha generado una serie de consecuencias negativas tanto para los trabajadores como para la economía en general. En un contexto donde la informalidad representa el 54.2% de la población ocupada mayor de 15 años, imponer cargas fiscales adicionales sobre estas actividades no solo limita las oportunidades de desarrollo económico para millones de personas, sino que también exacerba problemas estructurales como la pobreza laboral y la desigualdad.
Cobro de impuestos en plataformas digitales
Actualmente, los trabajadores del sector informal que venden productos a través de plataformas como AliExpress, Shein o Mercado Libre, o que ofrecen servicios mediante aplicaciones de transporte y clases en línea, enfrentan impuestos que pueden llegar hasta el 20% por cada transacción. Esto incluye compras realizadas para consumo personal o bienes adquiridos con el objetivo de revenderlos. Esta política fiscal afecta de manera directa a un segmento de la población que, en su mayoría, ya se encuentra en una situación económica precaria.
El 64.6% de la población nacional no cuenta con ingresos laborales suficientes para adquirir la canasta alimentaria más los bienes no alimentarios esenciales. En este contexto, imponer impuestos adicionales a quienes dependen de actividades informales en plataformas digitales significa reducir aún más su capacidad de subsistencia y, en muchos casos, condenarlos a niveles más altos de pobreza alimentaria. Según el INEGI, se estima que 45.6 millones de mexicanos no pueden costear siquiera la canasta alimentaria básica para sus hogares, una cifra que se ve agravada por estas medidas fiscales.
Penalización del autoempleo digital
Para muchos jóvenes entre 15 y 24 años, que representan el 72% de la población ocupada en la informalidad, las plataformas digitales han sido una vía para generar ingresos de forma independiente. Sin embargo, la imposición de estas cargas fiscales reduce su rentabilidad, desincentiva su participación en este mercado y limita su capacidad de ahorro e inversión. Por ejemplo, los conductores de aplicaciones de transporte como Uber o DiDi deben destinar una porción significativa de sus ingresos al pago de impuestos, lo que se suma a los costos operativos, como combustible y mantenimiento vehicular.
En el caso de los vendedores en plataformas como Shein o AliExpress, el gravamen del 20% sobre cada compra desalienta a los pequeños comerciantes que dependen de estos canales para abastecerse de productos. Este tipo de impuesto no distingue entre grandes importadores y pequeños emprendedores, lo que genera una desventaja competitiva para estos últimos frente a empresas consolidadas.
Desigualdad y falta de regulación adecuada
El principal problema con esta estrategia fiscal es que ignora las condiciones desiguales bajo las cuales operan los trabajadores informales. A diferencia de las empresas formales, quienes trabajan en la informalidad no tienen acceso a beneficios como seguridad social, jubilación o servicios médicos. Sin embargo, son tratados fiscalmente como si contaran con las mismas ventajas que un negocio establecido. Esto perpetúa un círculo vicioso donde los impuestos empujan a más personas hacia niveles de mayor precariedad, en lugar de fomentar su transición hacia la formalidad.
Además, el cobro de un porcentaje fijo por transacción no toma en cuenta los márgenes de ganancia reales de los vendedores o trabajadores, lo que puede llevar a situaciones donde el pago de impuestos supere las utilidades netas, obligándolos a abandonar estas actividades.
Alternativas para un enfoque inclusivo
En lugar de penalizar a los trabajadores informales con impuestos desproporcionados, el gobierno podría implementar medidas que fomenten la formalización gradual, como ofrecer incentivos fiscales temporales, acceso a créditos con tasas preferenciales y programas de capacitación digital. Asimismo, sería esencial establecer esquemas tributarios progresivos que consideren los ingresos reales de los trabajadores y no un porcentaje fijo que afecte desproporcionadamente a los pequeños emprendedores.
Adicionalmente, una política fiscal más inclusiva debería enfocarse en reducir la carga impositiva sobre productos básicos y herramientas necesarias para el autoempleo, permitiendo así que más personas tengan la oportunidad de generar ingresos de manera sostenible. Por ejemplo, reducir o eliminar el impuesto sobre las compras en plataformas digitales para quienes demuestren que estos bienes son utilizados en actividades económicas podría aliviar significativamente la presión sobre los pequeños comerciantes.
Conclusión
La extensión de impuestos al sector informal en plataformas digitales representa un retroceso en términos de inclusión económica y justicia fiscal. Si bien el objetivo es aumentar la recaudación, estas políticas tienen un impacto desproporcionado sobre las poblaciones más vulnerables, agravando la pobreza laboral y alimentaria. Para lograr un crecimiento económico sostenible y equitativo, es crucial que las estrategias fiscales consideren las condiciones reales de quienes dependen de la informalidad para sobrevivir y se enfoquen en generar oportunidades para su integración progresiva a la economía formal.
