El polémico incremento de multas ficticias en la Ciudad de México: ¿Recaudación disfrazada de justicia vial?
En los últimos meses, diversos sectores de la sociedad han denunciado un presunto aumento en la emisión de multas vehiculares injustificadas en la Ciudad de México. Según conductores y activistas, el gobierno capitalino parece estar utilizando este mecanismo como una herramienta de recaudación, disfrazando la medida bajo el pretexto de garantizar la seguridad vial y mejorar la movilidad.
El incremento inexplicable de multas
Desde principios de 2024, se ha observado un incremento sustancial en las infracciones notificadas a los automovilistas de la capital. Datos obtenidos a través de solicitudes de transparencia muestran que entre enero y noviembre del presente año se emitieron cerca de 1.5 millones de multas electrónicas, un 40% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, diversos usuarios han reportado haber recibido notificaciones por faltas que no cometieron, como exceder los límites de velocidad en zonas donde ni siquiera transitaban, estacionarse en lugares prohibidos inexistentes o violar semáforos en horarios en que las cámaras no operan.
El testimonio de los afectados
Conductores como Karla Martínez, residente de la alcaldía Benito Juárez, relatan su experiencia:
«Recibí una multa por presuntamente exceder el límite de velocidad en una avenida donde no he pasado en meses. Cuando revisé la evidencia fotográfica en la página oficial, la imagen era borrosa y no correspondía a mi vehículo.»
Casos similares han sido reportados en redes sociales y ante autoridades locales. Varios ciudadanos han iniciado procesos de apelación ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pero la mayoría enfrenta largos tiempos de espera y resultados inciertos, lo que desmotiva a muchos a seguir con el trámite. Esto lleva a que, por practicidad, los automovilistas terminen pagando las multas, independientemente de su validez.
¿Un problema de recaudación?
Expertos en finanzas públicas y movilidad han planteado la posibilidad de que estas multas injustificadas sean una estrategia deliberada para incrementar los ingresos del gobierno local. En 2024, la Ciudad de México enfrentó presiones presupuestales derivadas de la implementación de diversos programas sociales y proyectos de infraestructura, como la ampliación de la Línea 12 del Metro y los apoyos a sectores vulnerables. Según estimaciones, las multas vehiculares han generado más de 2,500 millones de pesos en ingresos durante el año, una cifra histórica.
El abogado y especialista en movilidad, Luis Herrera, sostiene:
«Es evidente que la administración capitalina está utilizando las multas como un mecanismo alternativo de recaudación. El problema no es solo ético, sino también técnico, ya que estas prácticas minan la confianza ciudadana y generan un ambiente de confrontación entre el gobierno y los conductores.»
El papel de las cámaras y dispositivos automatizados
La tecnología juega un rol central en la emisión de multas. Las cámaras de fotomultas, operadas por empresas privadas a través de concesiones, han sido señaladas como el principal motor de las infracciones cuestionables. En 2023, el gobierno firmó un contrato con una nueva empresa operadora, la cual recibe un porcentaje de cada multa cobrada, lo que podría generar incentivos para emitir infracciones de manera indiscriminada.
Además, se han identificado irregularidades en los dispositivos utilizados, como radares mal calibrados y cámaras que capturan imágenes borrosas o incompletas. A pesar de ello, las autoridades locales han defendido el sistema, argumentando que ha contribuido a reducir los accidentes en un 10%, aunque las cifras exactas no han sido verificadas de manera independiente.
¿Qué dicen las autoridades?
El gobierno de la Ciudad de México ha negado categóricamente las acusaciones de uso deliberado de multas ficticias. En un comunicado reciente, la Secretaría de Movilidad (Semovi) afirmó:
«Las multas se emiten conforme a la normativa vigente y se basan en evidencias obtenidas a través de sistemas tecnológicos confiables. Invitamos a los ciudadanos a acudir a las instancias correspondientes en caso de dudas o inconformidades.»
Sin embargo, la falta de transparencia y los múltiples casos reportados han alimentado la percepción de que esta práctica es más una estrategia recaudatoria que un esfuerzo genuino por mejorar la seguridad vial.
¿Qué sigue para los ciudadanos?
Ante esta situación, organizaciones como El Poder del Consumidor y México Evalúa han solicitado al gobierno de la ciudad una auditoría independiente del sistema de emisión de multas. Asimismo, han instado a que se establezca un mecanismo más accesible y ágil para impugnar las infracciones.
Mientras tanto, los automovilistas deben estar atentos y documentar cualquier irregularidad en las multas recibidas. La revisión de las evidencias fotográficas y el seguimiento puntual de los procesos legales son herramientas clave para hacer frente a esta problemática
El incremento de las multas injustificadas en la Ciudad de México representa un desafío tanto para los conductores como para el gobierno local. Si bien la seguridad vial es un objetivo prioritario, las autoridades deben garantizar que los sistemas de multas sean justos, transparentes y libres de motivaciones recaudatorias. La confianza ciudadana está en juego, y revertir esta percepción será crucial para mantener una relación armoniosa entre los automovilistas y el gobierno.
